Las vacunaciones de los inmigrantes hispanos en EE. UU. en peligro

Las sociedades científicas, profesionales y entidades de diverso tipo de EE. UU. se han mostrado escandalizadas por:

• Los probables efectos (sobre el uso de los servicios públicos de salud, las vacunaciones entre ellos) de las nuevas normas de la Administración Federal estadounidense para la concesión y la eventual reversión de los permisos de residencia a extranjeros inmigrantes, según el nivel de uso de los servicios públicos.
• Y por el anuncio de los responsables del control de fronteras de excluir a los inmigrantes recluidos del programa de vacunación antigripal en la próxima temporada.

A continuación se desarrollan brevemente estas dos historias.

Las autoridades de EE. UU. medirán el nivel de “carga pública” de los solicitantes de permiso de residencia

La primera historia, resumidamente, es la siguiente:

• En octubre de 2018 el Department of Homeland Security (U.S. Citizenship and Immigration Services) publicó una propuesta de reglamentación del sistema de medición del nivel de “carga pública”, que cada inmigrante supone para los servicios públicos estadounidenses, como requisito previo a la tramitación de una solicitud de un permiso de residencia (“green card”). En este texto se enumeran las circunstancias que determinan la inadmisibilidad de un inmigrante y, por tanto, su imposibilidad de permanecer en el país en razón a la carga que suponen para los servicios públicos.
• El 14 de agosto de 2019 se ha publicado la versión final de esta reglamentación (84 FR 41292), y su fecha de entrada en vigor es el próximo 15 de octubre del presente año 2019.
• Este texto legal es un documento (solo en inglés)  muy extenso (217 páginas), lo que dificulta enormemente su lectura y comprensión (además escrito con jerga jurídica), por el conjunto de personas a las que afecta.
• Según explica la propia introducción de la norma, se excluyen los ciudadanos estadounidenses con familiares extranjeros sin residencia y sometidos a esta norma, refugiados y otros casos acogidos a excepciones aprobadas previamente.
• La norma establece que los inmigrantes que utilicen al menos dos servicios públicos al mes durante 12 meses en un periodo de 3 años, serán declarados inadmisibles y se rechazará su solicitud de residencia. Incluye también a los inmigrantes que ya disfrutan de un permiso de residencia provisional o definitivo, que lo verían así revocado y expuestos a la expulsión.

En EE. UU. uno de cada cuatro niños (25 %) tienen al menos uno de sus padres inmigrantes y en la mitad de ellos (13 % de todos los niños del país) al menos uno de los padres no tiene la ciudadanía reconocida (AAP, 2019, KFF, 12 de agosto de 2019). Paradójicamente, muchos de estos niños son ciudadanos estadounidenses aun cuando sus padres no tengan la residencia reconocida. Según la norma, estos niños no estarían afectados, pero todos los observadores reconocen que también acabarán siéndolo al temer sus padres que el uso de beneficios públicos por parte de los niños (ayudas de alimentación, acceso a los servicios de salud no urgentes, ayudas para vivienda, etc.) pudiera afectar a la tramitación de la residencia de ellos u otros familiares. 

La consecuencia observada ya desde que en octubre pasado se publicó la propuesta que mostraba las intenciones de la Administración Trump, es que las familias con algún solicitante de residencia (casi todos los inmigrantes hispanos) han dejado a acudir a algunos servicios públicos, los servicios de salud y las vacunaciones entre ellos. La ley aprobada, al parecer, no deja claro si las vacunaciones computan también a la hora de medir el nivel de "carga" que supone una familia, pero es un hecho ya comprobado que muchos las evitan. Si miles o millones de niños de familias inmigrantes dejan de acudir a sus vacunaciones, ocurrirá un desastre de salud pública que llegará a afectar realmente a toda la población estadounidense.

Las consecuencias de la aplicación de la nueva normativa tendría graves implicaciones en forma de desamparo de millones de niños con necesidades especiales en el terreno de la salud, desde los puntos de vista de la salud pública, económico y de la ética (JAMA Pediatr. 2019;173(9):e191744).

Los inmigrantes retenidos en la frontera no recibirán vacunas 

La segunda historia es la decisión de las autoridades responsables de la custodia de los inmigrantes retenidos en la frontera con México, de no proporcionarles vacunas, concretamente la vacunación antigripal en la próxima temporada, y ello a pesar de que en la anterior se documentó la muerte de al menos 3 niños por causas relacionadas con la gripe entre las familias sometidas a custodia (USA Today 21 de agosto, CNBC 20 de agosto y Huffington Post 20 de agosto de 2019). Las razones aducidas por las autoridades han sido, por una parte que la estancia en sus instalaciones suelen ser de breve duración y que nunca antes habían proporcionado vacunas a los internados. Sin embargo, los CDC acaban de notificar la aparición de brotes de parotiditis en la población inmigrante detenida en centros específicos (MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68:749-50). 

Tras el anuncio de los responsables de las fronteras, no han sido pocas las voces que han argumentado que es una medida irracional y excesiva, una decisión equivocada desde el punto de vista de la salud pública (Health Aff (Millwood). 2011;30(6):1141-50), ridícula desde el punto de vista económico, y que constituye una violación de los derechos humanos (P. Hotez, 21 de agosto de 2019). 

Las sociedades científicas y los profesionales se movilizan

En el último boletín de noticias (28 de agosto) de Immunization Act Coalition se da cuenta de la indignación y la movilización de los profesionales por estas dos cuestiones:

• Las sociedades Infectious Diseases Society of America (IDSA), HIV Medicine Association (HivMA), Pediatric Infectious Diseases Society (PIDS), Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) y la American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) han emitido un comunicado público, el 21 de agosto pasado, en el que destacan: que los CDC recomiendan la vacunación antigripal a todas las personas mayores de 6 meses sin contraindicación médica, y que excluir a las personas retenidas en la frontera viola los derechos humanos y los principios más básicos de la salud pública. Exigen, por tanto, que se facilite la vacunación antigripal y las demás vacunas que sean necesarias sin limitaciones, y que se investiguen las condiciones de la atención sanitaria que reciben las personas que están detenidas en las fronteras. 
• La American Academy of Pediatrics (AAP) publicó un artículo tipo “policy statement” sobre los cuidados de salud de los niños inmigrantes en EE. UU., llamando a todos los profesionales, sociedades y autoridades a garantizar los cuidados del más alto nivel ajustados a las necesidades de esta población (Pediatrics. 2019;144(3):e20192077).
• Profesionales de las escuelas de salud pública Johns Hopkins y de Harvard se han dirigido a algunos congresistas clave demandando su interés por las condiciones de salud y la atención que reciben las personas retenidas en las fronteras. 

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Más información:

• Federal Register. The Daily Journal of The United States Gobernment. Inadmissibility on Public Charge Grounds. A Rule by the Homeland Security Department on 08/14/2019.
• Henry J. Kaiser Family Foundation (KFF), 12 de agosto de 2019. Changes to “Public Charge” Inadmissibility Rule: Implications for Health and Health Coverage.
• En España, la AEPap (declaración del 1 de agosto de 2019) solicita garantizar la protección institucional de los menores extranjeros no acompañados por adultos (menas) y su acceso completo a los cuidados de salud y la educación.