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Todos los países del mundo deben tener acceso a las vacunas frente a la COVID-19

14 septiembre 2020
Fuente: 
Elaboración propia a partir de varias fuentes

Una cosa es lograr una vacuna eficaz y segura frente a la COVID-19, y otra bien distinta es producirla en cantidad suficiente y hacerla llegar a los lugares de vacunación y a la población diana, en todo el mundo. En el caso de la pandemia actual, con una población mundial estimada de unos 7700 millones de personas, las necesidades de vacunas se sitúan en números de una envergadura extraordinaria, miles de millones de dosis. Adaptar los procesos de fabricación a este objetivo necesitará de enormes inversiones y tiempo, bastante tiempo. En la fabricación de vacunas, no sólo es necesario validar el producto, lo que lleva su tiempo, sino también cada uno de los procesos e instalaciones utilizadas, lo cual sitúa un nuevo reto de tamaño no conocido hasta ahora en las agencias reguladoras. La logística para hacer llegar las vacunas a todos los rincones del mundo, un reto más, también extraordinario.

La disponibilidad limitada de vacunas en los primeros meses tras la aprobación de las mismas, marca la necesidad de determinar cómo distribuirlas de forma correcta entre países. Se entiende que la simple distribución según los recursos económicos de cada país, no es una opción aceptable desde el punto de vista ético. Realmente es una cuestión compleja, pues se han de considerar múltiples variables, complejas en sí mismas, como la salud pública, la economía, la diplomacia y las relaciones entre países, la opinión pública y otras, pero la ética es el elemento crucial del engranaje global. Dentro de cada país, la determinación de los grupos de población prioritarios a vacunar mientras se mantenga la carestía de vacunas debe seguir similares criterios.

Hasta el momento todos los expertos, autoridades e instituciones involucradas han expresado estar de acuerdo en incluir las consideraciones éticas en el debate, pero poco se ha avanzado en la definición de las propuestas concretas que traduzcan el objetivo en medidas reales que poder discutir y llevar a la práctica. Simplificando bastante, los enfoques genéricos propuestos se reducen a tres, que son:

  1. La primera, la distribución proporcional a la población de cada país. Esta propuesta fue expuesta en una reunión de la OMS celebrada en junio de 2020, pero está siendo revisada (y los documentos web, retirados). La iniciativa COVAX se basó inicialmente en estos presupuestos, pero, como se ha dicho, está en revisión. Partía del objetivo de asignar a cada país las vacunas correspondientes al 3 % de su población, cifra que cubría a los sanitarios y otros profesionales de primera línea en la lucha contra la pandemia, para después tomar en consideración otros niveles, hasta cubrir, al menos, al 20 % de la población.
  2. Una segunda opción, también expuesta en la misma reunión de la OMS, proponía asignar a cada país las vacunas necesarias para cubrir a tres grupos: los sanitarios y otros profesionales de primera línea, los mayores de 65 años y las personas con comorbilidades de riesgo.
  3. Ahora se añade una tercera propuesta, el denominado modelo de “prioridad justa”. Esta ha sido expuesta en una publicación reciente de la que son autores expertos de distintas procedencias, bajo la coordinación de Ezequiel J. Emanuel (Science. 2020, 3 de septiembre. Doi:10.1126/science.abe2803).

Se resumen a continuación dos de las iniciativas mencionadas: COVAX, un mecanismo de financiación y compromiso que busca asegurar el acceso de los países con recursos limitados a las vacunas contra la COVID-19, y el modelo de “prioridad justa” de distribución de vacunas entre países.

COVAX

La iniciativa COVAX (Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines) fue presentada en el Global Vaccines Summit celebrado en Londres en junio pasado, y está apadrinada por la OMS, Gavi y CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) (ver referencias al final).

Es un instrumento similar a los probados con éxito en los casos de las vacunas neumocócicas y la del ébola. Reune los compromisos de la industria farmacéutica, los centros de investigación, las fundaciones y gobiernos que aportan financiación, las organizaciones internacionales que trabajan sobre el terreno, y las agencias reguladoras. El objetivo común es asegurar la fabricación de vacunas destinadas a los países con recursos limitados (unos 2000 millones de dosis, aproximadamente para cubrir al 20 % de la población).

Hasta ahora han sido, al menos, 172 los países del mundo que han mostrado su interés en participar en COVAX (por el momento solo es anticipar un interés sin compromiso, quizás llevados por el síndrome de FOMO). De estos, al menos, 80 como financiadores directos, otros como receptores de las vacunas y otros con ambos roles; entre los primeros están la Unión Europea, Japón y muchos otros (también ocho países africanos), pero no EE.·UU. que ha rechazado participar. Sin embargo, numerosos países con ingresos económicos elevados no han renunciado a sus propios acuerdos de compra de vacunas con los fabricantes de forma individual.

Se espera que resulte un marco que asegure que las vacunas de la COVID-19 lleguen a todos los países del mundo, incluyendo a los que no tienen recursos para adquirirlas y administrarlas por sí mismos.

Modelo de “prioridad justa”

Un total de 19 expertos de universidades de Argentina, Australia, Canadá, EE. UU., Etiopía, Holanda, Noruega, Reino Unido y Singapur, coordinados por E. J. Emanuel, de la Universidad de Pensilvania (EE. UU.) han presentado el modelo de “prioridad justa” de distribución de vacunas entre países (Science. 2020, 3 de septiembre. Doi:10.1126/science.abe2803). Pretende conciliar valores en competencia de los fabricantes de vacunas, las instituciones globales y los gobiernos nacionales, con valores éticos y la necesaria efectividad y racionalización en el uso de bienes escasos.

El llamado “nacionalismo vacunal” o simplemente la acción de preferencia de cada país hacia sus ciudadanos es un recurso de fácil y rentable uso por parte de los gobiernos y relativamente bien recibido por sus nacionales. Un nivel relativo de prioridad de los ciudadanos del país es aceptable, pero con unos límites claros y razonables. Los países con capacidad de fabricación de vacunas deberían no limitar la exportación de aquellas cantidades que sobrepasen los límites de prioridad razonable de sus nacionales.

Una distribución justa de vacunas entre países debería considerar valores esenciales (beneficiar a las personas y limitar el daño en ellas, dar prioridad a los que están en peores condiciones para afrontar la situación y evitar la discriminación a partir de diferencias éticamente irrelevantes) y tres dimensiones del daño causado por la pandemia:

  • Los daños directos causados por la infección, en especial las muertes prematuras, pero también otros daños y secuelas permanentes o graves.
  • Los daños indirectos causados por el estrés del sistema sanitario y las limitaciones impuestas en la atención a otras dolencias de diversa naturaleza.
  • Los daños causados en la economía (desempleo, pobreza), que, a su vez, repercute en la salud de los ciudadanos, aunque de forma desigual.

El modelo se desarrollaría en tres fases, que abordan, por orden, las dimensiones del daño causado por la pandemia mencionadas, y señala para cada una de ellas los objetivos y los indicadores y medidas a utilizar (ver tabla 1 del original en la imagen adjunta).

Las estimaciones de la pérdida evitada de años de vida según la esperanza de vida estandarizada (estándar expected years of life lost, SEYLL) por dosis vacunal, de las brechas de pobreza y de las tasas de transmisión comunitaria de la infección son indicadores que encierran cierta complejidad, pero algunas instituciones estarían trabajando en la facilitación de su uso. A cada fase le correspondería

Los autores reconocen y evalúan las posibles objeciones al modelo propuesto:

  • Los países solo deberían recibir vacunas si son capaces de asegurar, a su vez, una distribución entre sus ciudadanos en sintonía con los principios éticos del modelo global.
  • El modelo perjudicaría injustamente a los países que han logrado reducir significativamente la transmisión comunitaria sin las vacunas, y recompensaría a los que han respondido de forma ineficaz.
  • Los indicadores propuestos para pasar de una fase a la siguiente son complejos y permiten ciertas manipulaciones por parte de los gobiernos de algunos países para obtener más vacunas.

Pero también exponen suficientes razones y argumentos para concluir que estas objeciones no invalidan el modelo de “prioridad justa” propuesto.

Algunos de los autores de este trabajo ya publicaron en junio pasado otro enfocado a los dilemas éticos relacionados con el uso razonable y eficiente de los recursos en tiempos de pandemia, y la inevitable necesidad de priorización en su asignación cuando los candidatos superan la capacidad del sistema de salud (N Engl J Med. 2020;382:2049-55).

Perspectivas generales

Iniciativas como las citadas u otras con el mismo objetivo solo podrían alcanzar su objetivo mediante instrumentos jurídicos de compromiso firme de los países participantes, pues de lo contrario dificilmente podrían avanzar de forma estable y eficaz (Lancet. 2020, 7 de septiembre. doi:10.1016/S0140-6736(20)31873-0).

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Otras referencias: